El evismo, frente al desgaste político


Como es habitual, en todos los festejos patrios, el presidente de la nación suele extenderse en su alocución, presentando cifras pasmosas y logros despampanantes. Siempre es el mismo sermón: el antes y el ahora, nosotros los buenos y los otros los malos. Pero este año el discurso presidencial tuvo una peculiaridad, sólo duró 35 minutos. Sería un dato anecdótico de no ser porque el presidente se vio forzado a interrumpir su exposición, frente a las constantes arremetidas de la oposición gritando a viva voz: “Bolivia dijo no”. Pese a los notables intentos del evismo, por desprestigiar y deslegitimar a las plataformas ciudadanas que reclaman por el respeto de los resultados del 21 de febrero 2016, y que imposibilitan a Evo Morales a postularse a un cuarto mandato, dichas plataformas siguen activas y se han fortalecido. La polémica con relación al referéndum sigue siendo de actualidad y sigue siendo un dolor de cabeza para el oficialismo. El trisílabo, acotando a nuestro ilustre vicepresidente, de “Bolivia dijo no”, se manifiesta en todos los espacios públicos, agudizando el debate y generando malestar en el gobierno que no duda en criminalizar a las voces disidentes. Es claro que una parte de la ciudadanía, cuestiona de manera abierta la voluntad del oficialismo de presentar a Evo Morales como su único candidato para las elecciones generales de 2019; el gobierno, por su parte, se empecina en negarlo y en minimizar el accionar de los opositores.  

Fue un error político garrafal, construir toda la discursividad del cambio en torno a la figura prominente de Evo Morales, líder máximo e indiscutible del instrumento político, fomentado un peligroso culto a la personalidad. Tanto así que, en los círculos oficialista, es casi un sacrilegio cuestionar la palabra del presidente, todos al unísono repiten el mismo discurso. Desde esa perspectiva, los resultados del referéndum son una estrategia conspiracionista de la derecha exiliada en Miami que financia a las plataformas ciudadanas en una campaña para desprestigiar al presidente. Aún si eso fuera cierto, no es razón suficiente como para impugnar los resultados de un referéndum vinculante. El caso Zapata, detonante de la campaña de descrédito, ya fue olvidado y solo es un competente de un constante desgaste político a raíz de la corrupción endémica en todas las instancias del Estado. El Estado Plurinacional, valga la aclaración, nace con un cometido muy claro: subsanar las deficiencias de un sistema político excluyente, clientelar y corrupto. El sistema político se cayó a pedazos en 2003, presa de sus propias contradicciones, pues las promesas del neoliberalismo nunca se cumplieron, provocando una pérdida de confianza en los partidos políticos y las instancias de representación. 

Han pasado nueve años desde la promulgación de la Constitución Política del Estado y ocho desde la sanción de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, que preveía la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, integrado por los Ministerios de Trasparencia, Gobierno, Público, Contraloría y Procuraduría General del Estado, Unidades de Investigación Financiera y representantes de la sociedad civil. Es decir, de manera muy temprana el Estado diseñó un aparato institucional para luchar contra la corrupción, mostrando así su buena fe. No olvidemos que el caso Santos Ramirez, fue crucial para la sanción de la Ley, y ese momento todavía se podía creer en la buena fe del gobierno. Entre tanto, las prioridades han cambiado, y la lucha contra la corrupción ha pasado a un segundo plano, por decir lo menos. Es más importante hacer campaña política, entregar obras y realizar spots publicitarios que dan cuenta de los logros inefables del gobierno, aquel que puso la bandera boliviana en una estrella, en alusión a un satélite cuya utilidad para el país es bastante cuestionable. Los casos de corrupción siguen a la orden del día y el evismo se empecina en proclamar que se tratan de hechos aislados perpetrados por gente desequilibrada que solo busca dañar la imagen del proceso de cambio, o bien se tratan de triquiñuelas del imperio para desestabilizar a los gobiernos progresistas.

Los desfalcos al Banco Unión, muestran claramente la irresponsabilidad con la cual se manejan las cuentas fiscales; si ese banco sigue funcionando es porque nos obligan a utilizarlo, pero nadie en su sano juicio confía realmente en esa entidad. Esa pérdida de confianza, frente a las organizaciones públicas, es la antesala de una crisis de legitimidad; el capricho de un individuo no puede sobreponerse al interés general. Evo Morales no es ninguna garantía de estabilidad o de continuidad, el evismo lo demuestra una y mil veces, él único cometido del Estado es perpetuar a un individuo en el poder, produciéndose una distorsión de la función pública, cooptada por intereses sectarios que solo favorecen al partido de gobierno. Ello, sin duda, genera desilusión en las personas que confiaron en el proceso de cambio, y en las nuevas generaciones conscientes de un quiebre histórico. El MAS ya no es un partido de masas y ya no tiene el mismo respaldo que le permitió ganar tres elecciones de manera consecutiva. Hoy en día, el partido de gobierno tiene dos opciones: respetar los resultados y dar un paso al costado, potenciando nuevos liderazgos, o continua con la idea de promover la candidatura de Evo Morales, avivando el clima de confrontación que ya esta presente en el país. Es más que probable que el gobierno opte por la segunda opción y de hacerlo no saldrá airoso; el conflicto es inminente. 

Un gobierno que no respeta las leyes y cambia a su antojo la constitución, muestra bien que está utilizando los recursos del Estado en beneficio propio. Más allá de los logros económicos, circunstanciales, los cambios no son tan evidentes. El sistema político sigue presentando los mismos vicios de siempre: 

a) Clientelismo, esa cadena de favores en la cual se privilegian las relaciones interpersonales, respondiendo a una lógica binaria: al enemigo nada, al aliado todo; por ello se necesita realizar una auditoria seria, a los sistemas de contratación en las organizaciones públicas, pues tal parece que el principal requisito para ser funcionario es ser militante del partido de gobierno; independientemente de las capacidades y habilidades de una persona, basta presentar el carnet del partido para encontrar trabajo en la función pública. Y por si no lo sabían, el Estado requiere de personal altamente tecnificado para ejecutar las tareas con responsabilidad y eficiencia; la función pública no se improvisa. Es una realidad hoy en día, era una realidad hace sesenta años y es un factor que explica la ineficiencia crónica del Estado. 

b) Prebenda, ligado a nuestra mentalidad rentista, queremos ganar harto haciendo muy poco y muchos funcionarios se dan la gran vida gastando los recursos del Estado. Por más que hayan renunciado al secreto bancario es muy claro, que los funcionarios del gobierno ya no tienen preocupaciones de dinero. Indicadores claros son los ternos y trajes hechos a medida que ostentan nuestros mandatarios, lujitos que cuestan muy caro, por cierto. Estos doce años de gobierno la función pública ha crecido de manera exponencial, pero los servicios que brinda el Estado no han mejorado. 

c) Patrimonialización de los bienes del Estado, basta con hacer mención el uso que se le da al avión presidencial, no estaría demás saber cuánto nos cuesta los viajes del presidente Morales, y saber si estos son realmente pertinentes. Ese avión no es propiedad del presidente, es un bien público y por tanto su uso deber ser racionalizado. 

d) Verticalidad en el ejercicio del poder; desde la teoría política se establece que la democracia es el gobierno del pueblo, es decir, es la ciudadanía la que toma decisiones con relación al diseño y ejecución de políticas públicas, no obstante, el gobierno en su afán de “meterle no más”, y cumpliendo el rol paternalista del Estado, toma decisiones asumiendo que es lo mejor para la ciudadanía. De manera muy arbitraria, el oficialismo decretó que Evo Morales es indispensable para el proceso de cambio y por ello debe ser candidato, cueste lo que cueste, y sin lugar a dudas, les costará muy caro. 

e) Desmerecimiento de las demandas sociales; es una vieja tradición boliviana, los que cuestionan las decisiones del gobierno son “cuatro pelagatos” que no representan a nadie. Las demandas en defensa del TIPNIS fueron ridiculizadas por el gobierno, al igual que las demandas de los discapacitados, o las demandas del Departamento de Potosí, o las denuncias de corrupción en Achacachi. En todos los casos, el gobierno hace caso omiso y alega que son sectores revoltosos pagados por la derecha. Un gobierno que no escucha la voz de sus ciudadanos, es un gobierno que ha perdido toda noción de realidad, pues su deber fundamental es resolver los conflictos, atender las demandas, escuchar a las voces disidentes. 

f) Criminalización de las potestas; ligado a lo anterior, tal parece que todo aquel que ose cuestionar la buena voluntad del gobierno es tildado de agitador, de agente encubierto del imperio, de pandillero. Es un rasgo muy típico de la política nacional; en 2003, el poder público lo dijo fuerte y claro, las protestas sociales estaban siendo lideradas por agentes foráneos que buscaban desestabilizar al país, atentando contra la democracia. Hoy en día, el evismo propone un discurso bastante similar; todos los que osen cuestionar el derecho humano de Evo Morales de ser declarado presidente vitalicio, son antipatrióticos o “vendepatrias”, un vocablo muy utilizado por nuestros funcionarios. La protesta es un derecho irrenunciable y ningún gobierno podrá acallar el descontento social y nadie puede ni debe ser encarcelado por expresar su desacuerdo. 

Estos son algunos rasgos del sistema político y el Estado Plurinacional incurre en los mismos errores. El presidente, el 6 de agosto, tuvo un baño de realidad, las voces disidentes son claras y no van a claudicar y al gobierno ya no le quedan muchas opciones para frenar el embate del desgaste político: promesas incumplidas, corrupción y cooptación del Estado, conformando nuevas oligarquías que están dispuestas a defender a capa y espada, sus nuevos privilegios. Está claro que la única mentira es el proceso de cambio y no creo que la ciudadanía esté dispuesta a seguir soportando las necedades del partido de gobierno. Es la hora de la confrontación y el 2019 se augura con un año bastante conflictivo.     


Por: Jorge M. Valda Villavicencio

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